#387
Noviembre 2017


Tucumán 60 Años de Políticas de Promoción Pública de Viviendas

SEGUNDA PARTE

POR ARQS. CLAUDIA GÓMEZ LOPEZ Y ROSA LINA CUOZZO
PRIMERA PARTE PUBLICADA POR ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN EN EL NÚMERO 379

En el artículo anterior, se menciona como tipología dominante en la obra pública hasta el año 2000, el polígono pequeño (hasta 100 unidades), con vivienda individual en lote propio y densidades promedio de 30 a 40 vivienda/ha construidos por el IPV, el Banco Hipotecario o La Caja Popular de Ahorros. A partir del 2001, se observaron transformaciones en la lógica de actuación pública. Más específicamente con el cambio de gobierno en el 2003 y en respuesta a los numerosos problemas sociales existentes, el Estado encauzó sus políticas habitacionales hacia aquellos que menos tienen.

A partir de esa fecha, la obra pública (en cuanto a superficie realizada y presupuesto invertido ha sido significativo), sin embargo es necesario realizar un análisis crítico del modo en que implemento la intervención del Estado en la ciudad, que ha optado por preferentemente por la construcción de vivienda nueva y los planes de mejoramientos barriales, como modalidades de actuación. La construcción de vivienda nueva, se ha concretado mediante la realización de grandes conjuntos residenciales, diferenciando los emprendimientos según el grupo social destinatario. Ello se comprueba en la distribución diferencial en el espacio urbano donde se destinó los espacios de mayor calidad ambiental a los sectores con mayor poder adquisitivo y en contraposición, el suelo con menor calidad ecológica y ambiental, a los de menores recursos. Asimismo, se observan diferencias respecto a superficies y presupuestos de las actuaciones. Entre estos planes, una parte de ellos, se han destinado a la relocalización de urbanización informal resolviendo cuantitativamente el déficit de vivienda, pero sin lograr que estos grupos superen sus condiciones de precariedad y vulnerabilidad en virtud de la carencia de servicios, equipamiento e infraestructura que poseen. Asimismo, están desarticulados de la trama urbana consolidada y poseen escasa accesibilidad a los servicios que brinda la ciudad. En referencia a los mejoramientos habitacionales, si bien se realizaron un gran número de operatorias existe una gran asimetría en cuanto a superficies y presupuestos destinados ellos. Otro modo de producción de suelo urbano es la urbanización marginal (asentamiento o villa miseria). La misma ha crecido de modo sostenido a lo largo de todo el proceso estudiado, pasando de 75 asentamientos relevados para el 1980 a 183 en 1998. Por otro lado, la repercusión de este tipo de urbanización respecto al total de suelo urbano pasa de un 12% a un 20% de nuevo suelo producido. Sin embargo, en los últimos años, este modo de producción ha disminuido su ritmo de crecimiento. Los intentos del Estado por sanear la situación de estos grupos no han sido positivos, pues que se han consolidado en zonas degradadas con inadecuadas condiciones ambientales. El balance del accionar estatal al día de hoy es similar a lo señalado 15 años antes. En el artículo anterior se observaba la incidencia del Estado respecto en el direccionamiento del crecimiento urbano, mediante la construcción de barrios alejados y desarticulados de la mancha urbana, lo cual continúa en la actualidad.

Se ha comprobado que las actuaciones realizadas por el Estado no son aleatorias, se localizan en determinados sectores de la mancha urbana que obedecen a oportunidades de mercado (disponibilidad de suelo barato, fundamentalmente) y no a objetivos prefijados desde la planificación metropolitana. Las actuaciones en sectores donde el costo del suelo es menor, terminan valorizando terrenos privados a costa de las obras del Estado. En la actualidad, la intervención del estado se caracteriza por la realización de grandes conjuntos que, si bien se ejecutan por etapas o partes que se anexan, presentan patrones de concentración según el nivel social de los destinatarios siendo paradigmático el caso de Lomas de Tafí para clase media y Manantial Sur para relocalizaciones de asentamientos marginales.

La realización de estos extensos emprendimientos, sin resolver su articulación con el área urbana, además de producir un gran impacto en la ciudad, genera mayor división y segregación de los grupos que la habitan. A ello se agrega que se destina la mejor localización, un mayor presupuesto y más superficie a las intervenciones dirigidas a grupos medios que cuentan con más recursos económicos. De este modo no existe un acceso equitativo al suelo urbano, sino que el mismo Estado produce diferentes intervenciones en base a la capacidad económica de los ciudadanos a quienes van dirigidas. Las razones que explican lo enunciado, radican en la concepción de la vivienda como un producto y no como un derecho o un bien social. La producción masiva de grandes conjuntos busca satisfacer, cuantitativamente el déficit habitacional atendiendo las urgencias, pero sin pensar en un cambio cualitativo de las condiciones de vida en tanto no logran superar la vulnerabilidad ambiental del suelo que ocupan como tampoco logran la articulación e integración con la ciudad. Respecto a las tipológicas con las que se resuelven los conjuntos, se destaca que los de densidad media adoptan resoluciones en conjuntos de bloques de 3 a 4 pisos sin circulación mecánica: estos por lo general, presentan un gran deterioro sobre todo en sus espacios exteriores que son motivo de apropiaciones y abandono por parte de los habitantes. En cambio, los conjuntos pequeños (de hasta 50 unidades) son los que mejor se insertan en la trama urbana permitiendo el completamiento del tejido y pudiendo optar por lotes vacantes en suelo bien servidos. En la actualidad estas observaciones se siguen verificando, sin embargo es notable el abandono de las tipologías comunitarias (en propiedad horizontal) por la de tipologías de viviendas individuales. Esto se ve potenciado en las actuaciones de mejora barriales (PROMEVI, PROMEBA, entre otros), al tratarse de intervenciones en asentamientos informales en los que se construye un pie de casa o módulo habitacional.

A modo de conclusión, en los 66 años de estudio del crecimiento de la ciudad de Tucumán se observa que el Estado es un actor fundamental que no ha contribuido eficientemente a la mejora de las condiciones del hábitat a pesar de la importante inversión en obra pública. Por el contrario, ha favorecido la diferenciación de los grupos sociales desde las políticas públicas como así también desde la base normativa. Esta última, por ausencia, por incongruencia o por la falta de aplicación ha permitido el privilegio de algunos sectores en desmedro de otros con un desarrollo anárquico de la ciudad, sirva como ejemplo el reconocimiento de la municipalidad de san Miguel de Tucumán sobre la existencia de más de 100 edificios habitados en el área central que no poseen el final de obra municipal. La urbanización y la construcción informal no ha mejorado a pesar de las repetidas intervenciones en algunos sectores, debido a que se encuentran en suelos sin aptitud para la urbanización que además no logra integrarse al resto de la trama urbana.

La falta de planificación y gestión en la ciudad, produce el desarrollo desequilibrado con sectores o áreas muy dinámicas -obsérvese la construcción de edificios en altura en avenida Mate de Luna sobre el parque Avellaneda- o áreas muy deprimidas como la corona residencial metropolitana de borde.

El resultado final es el de un espacio urbano fragmentado, jerarquizado en relación a las condiciones ambientales del territorio (lo mejor para el que puede pagar, lo peor para el que no puede) lo que produce una ciudad dividida socialmente según el nivel socio-económico de la población. Si bien podríamos advertir que la segregación y jerarquía social siempre existió a lo largo de todos los períodos de la evolución de la ciudad, en los últimos 16 años esto se ha acrecentado notablemente con extremos muy desiguales, sirva como ejemplo el desarrollo de las urbanizaciones de lujo sobre la avenida Perón versus la proliferación de urbanizaciones populares a lo largo de toda la costanera del rio Salí o la promoción pública de vivienda en Manantial sur. Los efectos sobre la ciudad son muy negativos: desarticulación de grandes áreas urbanas, alta homogeneidad social al interior de los emprendimientos y consolidación de espacios vulnerables sin posibilidades de superación. El Estado tiene la posibilidad de revertir este desequilibrado proceso de desarrollo utilizando estrategias diversas como la construcción y provisión de infraestructura, la distribución más equitativa de la población en el territorio a través del diseño y planificación de las políticas públicas de vivienda y también desarrollando una base normativa que contemple la producción y gestión del territorio que proteja a los grupos más vulnerables.